Legisladores del grupo parlamentario del PRI presentaron una iniciativa con proyecto de Ley de Albergues Públicos y Privados del Estado de Sonora, para dar certeza jurídica a los servicios que reciben personas de la tercera edad, categorizados como grupo vulnerable.
Ely Sallard presentó los argumentos para esta iniciativa; señaló que “Es necesario legislar y crear políticas públicas para que los adultos mayores tengan una vejez de calidad, creando una sinergia transversal entre la autoridad y la sociedad civil para alcanzar objetivos encaminados a una vejez digna”.
Desde 2015 se aprobó el texto de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, misma que agrupa y especifica los derechos humanos y principios que deben incluirse en la legislación, políticas públicas y programas nacionales para lograr la independencia, autonomía, salud, seguridad, integración y participación de las personas de 60 años o más, y eliminar la discriminación por motivos de edad; y aunque aún el estado mexicano se encuentra en proceso de su ratificación, es importante señalar que el principal objetivo de ese ordenamiento es promover, proteger el reconocimiento y pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, cuyo bienestar deben asegurar conjuntamente el Estado, las familias y la sociedad en general.
Foto: GPPRI
Sallard indicó que existen al menos 50 albergues o casas hogar para adultos mayores en la entidad, constituidos en su mayoría por ONG’s, con fondos de la sociedad civil sin fines de lucro, otros que se encuentran financiados por el gobierno y otros que son particulares.
La diputada señaló que en muchos casos no hay vigilancia de la autoridad en estos espacios, que son atendidos por personas con vocación y voluntad de ayudar, pero que no tienen una especialidad o no cuentan con los conocimientos básicos para la atención que requiere este grupo.
“Es por lo anterior, que la presente propuesta de Ley es de orden público e interés social y pretende regular la forma de operar de los albergues tanto públicos como privados, para proteger y dar certeza jurídica de los servicios que presten, regulando el cuidado de los adultos mayores, el personal que labora en los albergues, los derechos y obligaciones de los familiares de los residentes”, enfatizó.
