Colectivos y familiares de personas desaparecidas acusan que el Gobierno federal, con su actualización del registro de desaparecidos con apoyo de Servidores de la Nación, intenta “rasurar”, maquillar y revictimizar con visitas domiciliarias.
“Esto qué lectura nos da, que es una rasurada de las cifras oficiales que ellos mismos tienen y que ya no quieren reconocer en un contexto político”, lanza José Ugalde, vocero de la Organización Desaparecidos Justicia AC Querétaro.
El 31 de julio, el Presidente anunció un plan para actualizar dicho registro, estrategia que involucra a los Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar, cuyo contacto con la ciudadanía es básicamente para empadronar a beneficiarios de programas sociales.
“En lugar de andarlos buscando en las casas deberían buscarlos en los campos, en las cárceles, en los hospitales; solamente lo hacen para decir que van a visibilizar lo de desaparecidos. Lo que falta es sensibilidad, empatía, solidaridad… y el Presidente no nos quiere ni recibir”, dice Cecilia Patricia Flores, madre buscadora de Sonora.
En tanto, los colectivos que conforman el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) advierten: “Nos preocupa por el riesgo de que pueda centrarse en minimizar las cifras de las personas desaparecidas en un contexto de cierre de Gobierno”.
Al inicio del sexenio, se hizo una depuración del registro de desaparecidos por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para contar con una base de datos sólida y confiable.
“El actual proceso de actualización no es ejecutado por las autoridades competentes en materia de búsqueda, sino por otras instancias, y no cuenta con una metodología clara y transparente”, advierte la ONU.
El pasado 23 de octubre, el Presidente López Obrador designó a la morenista Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como la nueva titular de la CNB, pese a que no cuenta con experiencia en desapariciones.