La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Gobierno de México presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos una demanda contra fabricantes estadounidenses de armas de fuego, con el objetivo de poner fin al tráfico ilícito de estos objetos que llegan al territorio mexicano provenientes del país estadounidense.
A través de un comunicado de prensa, Pablo Arrocha, asesor jurídico de la SRE, detalló que este 4 de marzo es “histórico”, ya que, México presentó una demanda ante la Corte Suprema estadounidense para poner fin al tráfico ilícito de armas de Estados Unidos a México.
Pablo Arrocha detalló que, en 2021, México presentó esta demanda contra los fabricantes de armas de fuego en Boston. La demanda inicial era contra las compañías: Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger, Barrett, así como al vendedor y distribuidor Interstate Arms, por considerar que su comercio “negligente e ilícito” alienta el narcotráfico y la violencia en el país.
La demanda que está revisando la Corte este día, señala que México solicita una indemnización por daños y perjuicios por un importe no especificado y una orden judicial que obligue a Smith & Wesson e Interstate Arms a tomar medidas para “disminuir y remediar la molestia pública que han creado en México”.
Cabe recordar que las empresas Smith & Wesson e Interstate Arms recurrieron a la Corte Suprema para que desestimara la demanda. Ya que la indemnización pedida por México asciende a 10 mil millones de dólares.
Por su parte, en 2022, un juez estadounidense desestimó el caso alegando que las reclamaciones de México tropezaban con la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, aprobada por el Congreso en 2005 y que exime a los fabricantes de armas de responsabilidad civil por el uso que los delincuentes hagan de sus productos.
Sin embargo, una Corte de Apelaciones reavivó el caso, al argumentar que hay una excepción a la ley. “La Corte Suprema no está revisando el fondo del asunto, sino la decisión de la Corte de Apelaciones”, precisó Alejandro Celorio Alcántara, antiguo asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Por lo que, la cuestión que estará revisando la Corte este día es si la demanda de México debe ser desestimada en virtud de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, la cual protege ampliamente a las empresas de armas de la responsabilidad por los delitos cometidos con sus productos, o si la supuesta conducta de las empresas queda fuera de estas protecciones, como consideró un tribunal inferior.
En el comunicado de este 4 de marzo, la SRE señaló que “México tiene leyes de armas estrictas y solo un vendedor de armas en todo el país. Sin embargo, las organizaciones criminales adquieren armas que han derribado helicópteros militares mexicanos y armas semiautomáticas de alto calibre como los AR-15, todas las cuales no pueden ser compradas legalmente por civiles en México. Estas armas se utilizan para matar y herir a decenas de miles de mexicanos cada año”.
“¿Por qué ocurre esto? Ocurre debido a la red de armas de fuego que se trafican ilegalmente desde Estados Unidos todos los días hacia mi país. Se trata del llamado Río de Hierro, que bombea hasta medio millón de armas o más cada año hacia México. Los fabricantes de armas estadounidenses, así como los distribuidores y vendedores, abastecen conscientemente ese río ilegal”, se lee en el comunicado.
El asesor jurídico de la SRE, expuso que la demanda de México “no tiene nada que ver con la Segunda Enmienda ni con los derechos legales de los estadounidenses respetuosos de la ley a comprar y poseer armas de fuego. Este caso no trata de eso. Nuestra preocupación es el tráfico ilícito de armas hacia nuestro país, donde su posesión es ilegal, como consecuencia de la negligencia de los fabricantes de armas que son muy conscientes de su desvío”.
