El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el PRI no es culpable por el caso que se denominó “Operación Safiro” y por el cual presuntamente se habrían desviado 250 millones de pesos del erario para favorecer a ese partido en las campañas electorales en 2016, situación que no pudo comprobarse.
La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que establecía que no se pudo confirmar que el PRI hubiera recibido aportaciones de esa naturaleza, procedentes de algún desvío del erario, para sus campañas de 2016.
Con ello, el máximo tribunal da por contestadas las denuncias presentadas por Morena, PAN y PRD contra el tricolor.
En total, se dijo que 650 millones de pesos(USD 32 millones 500 mil) fueron destinados a Safiro, donde la aportación de Chihuahua se estimaba había sido la más cuantiosa, la denuncia establecía que se requirieron 12 empresas fantasmas y la participación de los gobiernos de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México y la delegación Milpa Alta.
En su momento, el INE acreditó que 250 millones de pesos, originalmente transferidos del Gobierno Federal al Gobierno de Chihuahua se enviaron a cinco empresas para la prestación de servicios que nunca se realizaron y que, a su vez, los remitieron a distintas subempresas que, mayormente, dirigieron los recursos a cuentas concentradoras y a disposiciones en efectivo.
Pero “el organismo electoral no encontró evidencia que permitiera sostener que los recursos ingresaron al PRI”.
Pues explicó que, aunque se hubiera demostrado la existencia de una estrategia de desvío de recursos para que el dinero involucrado no fuera rastreable, de las pruebas no se podía advertir un beneficio del PRI.
Además, puntualizó que el quejoso (en este caso Morena) no confrontó los razonamientos del INE, no precisó de qué forma se podía llegar a una conclusión distinta y tampoco desarrolló planteamientos para demostrar de qué manera los hechos probados evidenciaron las conductas irregulares.
Cabe destacar que la magistrada Janine Otálora Malassis y el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, votaron en contra del proyecto al estimar que el expediente se debía regresar al INE, con el fin de que se hiciera mayores investigaciones y requerimientos.