El diputado del PES en el Congreso del Estado, Jesús Alonso Montes Piña, presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política estatal y la Ley de responsabilidades para que los juicios políticos sean eficientes y justos para los participantes.
Quien coordina el Grupo Parlamentario y preside la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales expuso que debe haber mayor participación ciudadana en la agenda pública y política del estado en la demanda por transparencia y búsqueda de rendición de cuentas.
Lo anterior, haría necesaria la creación de métodos que sean más efectivos para estos fines.
“En meses pasados, durante el desempeño de la presente legislatura, tuvimos el compromiso de atender y resolver diversas denuncias que tienen que ver con el juicio político de funcionarios públicos municipales y estatales, lo que nos permitió observar que existen en nuestra legislación algunas áreas de oportunidad que podemos mejorar para el buen desarrollo del procedimiento de dicho juicio”, afirmó Montes Piña.
Para ello se trabajó de manera con el Centro de Investigaciones Parlamentarias y la Coordinación Jurídica del Congreso del Estado a fin de buscar los marcos legales necesarios para una reforma en esta materia, lo que desembocó en la propuesta presentada hoy ante el Pleno.
La propuesta, explicó el legislador, es para que se incluya un procedimiento claro y eficaz del juicio político, de los servidores públicos contemplados en el artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. Asimismo, los nombrados en el artículo 268 de la Ley Estatal de Responsabilidades.
Entre las adecuaciones que propuso se encuentra la obligación del denunciante a sustentar sus dichos con pruebas suficientes para establecer la existencia de la infracción, se puntualizan los requisitos que debe cumplir la denuncia, le fijan tiempos para resolución, las causas que hacen que el proceso sea sobreseído, causas para recusar a autoridades y órganos técnicos intervinientes, de las pruebas, del derecho de audiencia del acusado durante el procedimiento, entre otros; todo esto con la finalidad de cuidar un que exista un procedimiento claro, y que cuando llegue un juicio político al congreso exista certeza para las partes.
