Con 22 votos a favor y 13 en contra, el Congreso de Yucatán aprobó el dictamen que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Con ello, el estado se suma a la marea verde y se convierte en la entidad número 23 en garantizar este derecho.
El dictamen establece además la penalización del aborto forzado con penas de 5 a 10 años de prisión, y de 9 a 15 años si hay violencia física, emocional o moral. Estas reformas buscan garantizar derechos y sancionar adecuadamente situaciones de abuso o coerción.
En septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) eliminó la penalización del aborto a nivel nacional al declarar inconstitucional su prohibición en el código penal. No obstante, muchos congresos estatales aún no han eliminado de sus leyes el delito de aborto autoprocurado o con consentimiento.
