El principio constitucional de integración paritaria entre mujeres y hombres en los órganos del Estado mexicano sigue siendo una asignatura pendiente.
El avance en su aplicación efectiva es real, pero lento, y como derecho fundamental que es, no puede seguir considerándosele aspiracional o programático; debe tener eficiencia inmediata, y ser directamente aplicable sin que necesariamente deba intermediar una ley.
Tras la conciencia adquirida por nuestra sociedad (o al menos por la mayoría) de que el sistema social vigente implicaba diversas formas de discriminación contra las mujeres, México empezó a tomar medidas correctivas.
Así, en materia de acceso a cargos de elección popular, en 1993 se hicieron reformas legales para recomendar a los partidos aumentar el número de candidatas mujeres, y en 1996 se les recomendó no postular más de un 70% de personas de un mismo género. En 2002 se introdujo la primera acción afirmativa a través de la cuota del 70/30 en candidaturas a diputaciones y senadurías, modificándose al 60/40 en 2008. En la reforma de 2014 ya se habló de paridad en la postulación de legisladores federales y locales, pero solo hasta 2019 se estableció la paridad en todo, es decir, se pasó de una exigencia de postulación de candidaturas, a una de integración de los órganos del Estado mexicano, incluidos los cargos de designación.
Ahora ya no se trata de la mera postulación de candidaturas, sino de conformar los órganos públicos de manera igualitaria en los hechos, incluidos los de carácter unipersonal, como las alcaldías, las gubernaturas, y la presidencia de la República, lo cual obliga a la alternancia entre mujeres y hombres en dichas instancias.
En cuanto a alcaldías se ha avanzado bastante a través de reformas legales y criterios jurisdiccionales, y en cuanto a la presidencia de la República -si bien nadie ha querido entrarle al tema-, por ahora parece no haber problema porque las dos principales fuerzas políticas han postulado mujeres para 2024; es casi un hecho que habrá alternancia de género en ese encargo. El punto está en las gubernaturas.
Desde 1953 en que en México se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, se han elegido 374 gubernaturas, de las cuales solo 16 han recaído en mujeres, es decir, tan solo el 4.2%. Y aún hay 18 Estados que nunca han sido gobernados por una mujer.
Sin embargo, el regateo contra las mujeres continúa. Apenas hace unos días, el Tribunal Electoral tuvo que ordenar a los partidos a postular 5 mujeres y 4 hombres en las gubernaturas a renovar en 2024.
Pero en lo que parece una estrategia anti mujeres, Morena levantó encuestas para decidir sus candidaturas sin distinguir entre géneros, provocando que, en al menos tres Estados, la mujer postulada fuese evidenciada como menos posicionada que algún hombre. Fueron los casos de Guanajuato, en que Ricardo Scheffeld (24.4%) le ganó a Alma Alcaraz (23.4%); de Jalisco, donde Carlos Lomelí (23.9%) venció a Claudia Delgadillo (18.6%); y de la Ciudad de México, donde Omar García Harfuch (40.5%) superó a Clara Brugada (26.7%).
Estos resultados tienen un efecto nocivo en contra de la figura de la paridad, y en contra de las mujeres en general, ya que transmiten a la opinión pública la idea de que las postulaciones de mujeres obedecen al solo hecho de ser mujeres, pero que había en el escenario hombres mejor habilitados para esas candidaturas.
Clara Brugada, por ejemplo, tendrá que explicar por qué es la candidata si perdió ante Harfuch por casi 14 puntos; arranca ya desacreditada y remando contra corriente. Todo porque Mario Delgado quiere poder decir que contaba con mejores cuadros, pero que el tribunal lo obligó a postular a mujeres menos competitivas. Es una perversidad.
Lo que debió hacer es reservar Estados para mujeres, y en ellos hacer encuestas en las que solo participen mujeres. Y no, esto no sería antidemocrático, porque lo democrático es empezar a reconocer espacios a las mujeres que históricamente han sido marginadas de la política. Si la población está conformada por mujeres y hombres a partes iguales, los cargos públicos también deben estar conformados por mujeres y hombres en proporciones iguales.
La regla que resolvería en definitiva esta situación es la de obligar a que cada cargo público sea relevado por persona de género distinto al del titular saliente.
En tanto el punto sigan siendo las postulaciones, seguirán los regateos y las marrullerías contra las mujeres. La solución no está en ver el género de la candidatura, sino el del titular en turno.
Así, si hoy un cargo es ocupado por un hombre, los partidos sabrán que en la siguiente elección tendrán que postular mujer, y viceversa, y lo sabrían con años de anticipación, no habría pretexto para no prepararse con tiempo, y perfilar opciones.
Pero cuando el machismo se impone, no hay razones que valgan.
