La confianza es un economizador institucional, que la Real Academia de la Lengua Española define como el ánimo, aliento, vigor para obrar. Este vigor ha sido minado en México por las decisiones de Andrés Manuel López Obrador, afectando a sectores estratégicos como el turístico, energético o minero. Algunos ejemplos son las cancelaciones del aeropuerto en Texcoco y de una planta cervecera en Mexicali; la compraventa de CitiBanamex o la intervención del presidente en el acuerdo entre Tesla y el gobierno de Nuevo León.
El caso más reciente, y quizá uno de lo más delicados, es la cancelación de nueve concesiones de litio a la empresa china Ganfeng Lithium, por el supuesto incumplimiento de los niveles mínimos de inversión, a lo cual dicha empresa contestó que cumplió con todas las leyes del país y criticó al gobierno de López Obrador por no respetar las normas del derecho mexicano e internacional.
Al parecer, nuestro presidente olvida que una inversión es el resultado de un análisis de riesgos y beneficios. Como en cualquier negocio, si los riesgos son mayores o más caros que los beneficios, los proyectos se quedan en papel. Para calcularles, es fundamental saber si el Estado de Derecho del país destino es confiable, transparente, sólido. Si los procesos jurídicos son legítimos y legales. Y si se respetan las reglas del juego que se establecen entre los particulares y el Estado.
En medio de un ambiente macroeconómico marcado por dos conflictos bélicos, los mercados necesitan seguridad y certeza jurídica, dos condiciones que López Obrador deteriorado en los últimos años, provocando que nuestro país no sea el destino ideal para la incursión de nuevas empresas, como lo demostró el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa de Kearney en los últimos cuatro años, en donde México ha salido de los 25 países más atractivos para invertir. Tres son los principales motivos: la preocupación por las políticas económicas impulsadas durante la administración actual, la falta de transparencia en la toma de decisiones y la incertidumbre jurídica que se ha creado en sectores como el energético o el minero. México ha descuidado su reputación y el resultado es que la percepción como un buen destino para invertir lleva 4 años a la baja.
El Estado de Derecho en México se convierte en letra muerta al estar supeditado a las voliciones del presidente de la República, sumándose a otros problemas para el desarrollo de la industria, como la inseguridad, la falta de infraestructura y mano de obra calificadas.
Las decisiones sin un diagnóstico adecuado provocan que empresas, como Ganfeng Lithium, no solo pierdan su retorno de inversión, sino que deban recurrir a procesos jurídicos que afectan sus ganancias, los empleos generados en la región y las cadenas productivas que se crearon con esta inversión.
Pese a que Ganfeng Lithium asegura que cuenta con el personal, la tecnología y el financiamiento necesario para continuar con la exploración de litio en Sonora; preocupa que el gobierno de México mantenga su postura a pesar de no tener la infraestructura necesaria para sustituir las labores de una empresa especializada en la materia.
Este clima, naturalmente, no ayudará a generar inversión extranjera directa.
Por otro lado, se vulnera el Estado de Derecho y se afecta la competitividad y la inversión, mediante acciones como la reforma a la Ley Minera, la cual va en contra de la transición energética y que colocará a México en una situación de desventaja competitiva ante Chile o Perú, países que están apostando por las energías renovables, asociaciones público-privadas para la explotación del litio y un adelgazamiento en el número de los requisitos para otorgar permisos de exploración.
Pese a todas las señales de advertencia, la 4T no deja de provocar incertidumbre para la inversión. El 23 de octubre, la Sener publicó en el Diario Oficial un decreto que busca combatir el huachicol o robo de combustible, el cual, según expertos, tendrá serias afectaciones a las cadenas productivas de una gran cantidad de industrias que utilizan productos químicos derivados de los hidrocarburos.
Durante los cinco años de la actual administración, los cambios a las normas de sectores estratégicos obedecen criterios ideológicos, que olvidan partir de un diagnóstico que coloque a México en una posición de ventaja competitiva. El mensaje que se está mandando desde el Ejecutivo es de poca voluntad política para escuchar a los inversores, lo que podría obstaculizar la llegada de más proyectos a México y desaprovechar el fenómeno de la relocalización. La clave para atraer más inversiones es la confianza, Andrés.
