La intervención del crimen organizado en los procesos electorales viene de años atrás, pero hay muchas evidencias que prueban se ha acrecentado en la administración que encabeza el presidente López Obrador.
Una de las mayores amenazas a la joven e imperfecta democracia mexicana es la influencia definitiva del crimen organizado en el resultado de los procesos electorales.
En los últimos cinco años pasó de intervenir solo en las elecciones municipales a hacerlo en las estatales, siempre a favor de un partido, que promueve abrazos y no balazos en la lucha contra el crimen organizado.
La oposición y sus candidatos, también académicos, han presentado evidencias de lo que está sucediendo con estas intervenciones, para algunas instancias judiciales no probatorias.
Como parte de estas evidencias se menciona lo que ocurrió en las elecciones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí, Morelos y Guerrero, todas ganadas por Morena. Y también Durango, que ganó la alianza PRI-PAN-PRD.
En estos últimos años, los estudiosos del tema ubican de parte del crimen organizado dos tendencias en los procesos electorales: el incremento del uso de actividades ilícitas y diverso tipo de violencia, y la utilización de viejas y nuevas maneras, para hacerse valer en las elecciones.
Las acciones que se identifican implementan los distintos grupos del crimen organizado son: intimidación; amenazas; coacción; corrupción; compra de autoridades, de dirigentes partidarios y de candidatos.
Y también imposición de candidatos; inmovilización de equipos partidarios y de campaña; disuasión a la participación electoral; incremento de la participación electoral; secuestro; tortura; desaparición y asesinato.
Los especialistas identifican también diverso grado de colaboración del crimen organizado con las autoridades del gobierno municipal, estatal y federal. Sin ésta sería imposible la acción de los criminales.
El crimen organizado cobra a los partidos y políticos favorecidos por su acción. El pago que reclama incluye: poner a gente suya en cargos de la administración pública por lo general en áreas de compras y contratos.
Imponer a las autoridades de la policía o que se les deje hacer en el territorio lo que ellos quieren sin ser molestados, y también que la policía actúe en contra del grupo del crimen organizado que les compite el espacio.
La presencia del crimen organizado en los procesos electorales está a la vista, pero los distintos niveles del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo y Judicial evaden enfrentar esta amenaza a la vida democrática.
Es también un tema ajeno a los partidos y a los candidatos, que en los últimos meses han estado en campaña. La sociedad y sus organizaciones y los medios de comunicación solo ocasionalmente tocan el problema.
En las distintas elecciones que se van a celebrar en 2024, que será la más grande de la historia por el número de puestos de elección en disputa, el crimen organizado jugará el papel central.
El gobierno, los partidos, los candidatos, el INE, el TEPJF, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación deben dar el lugar que merece a este terrible problema. No hacerlo es dejar que el crimen organizado tenga cada vez más injerencia en el resultado de las elecciones.
