Diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Sonora presentaron su posicionamiento ante la “reforma regresiva” que pretenden hacer contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF los representantes de Morena, PAN, PRI y PRD.
La diputada Rosa Elena Trujillo dio a conocer el posicionamiento respecto a la iniciativa que propone la modificación de los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia y derechos político electorales.
La propuesta presentada por Morena y aliados, PRI, PAN y PRD, pretende acotar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), argumentando que dicho Tribunal ha sobrepasado su competencia, violando el principio de división de poderes al emitir criterios que exceden sus facultades, lo cual es falso.
La bancada naranja advierte que, de aprobarse, la reforma tendría un impacto negativo y sería un retroceso en el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos, en particular de las mujeres y de los grupos de la sociedad que han estado subrepresentados en la democracia, de manera histórica.
“No solo está en discusión el análisis técnico del ejercicio jurisdiccional; las mujeres y los grupos sociales históricamente desfavorecidos nos requieren hacer valer lo logrado, para que no demos ningún paso atrás en la protección y garantía de sus Derechos Humanos”.
Trujillo Llanes agregó: “No podemos aceptar una reforma que privilegie la autorregulación de los partidos otorgándoles una discrecionalidad que restringe la posibilidad regulatoria de autoridades electorales; es un cheque en blanco del que ya conocemos los resultados”.
Esta reforma destaza al Tribunal Electoral, evitando que participe en las decisiones de esta materia, cuando se trate de procesos internos de los partidos. Limitando su intervención a cargos electorales y durante los procesos electorales.
También se perdería la facultad de realizar interpretaciones pro persona, a la luz de los principios constitucionales, impidiendo el ejercicio del control de constitucionalidad y convencionalidad.
Al eliminar de la Constitución que las decisiones del TEPJF son inatacables implica que podrían ser impugnadas ante otra instancia. Las acciones afirmativas, al establecerse que equivalen a leyes fundamentales, entonces no podrán regularse sino hasta 90 días antes de que inicien los procesos electorales.
Es decir, el control y revisión judicial de las acciones afirmativas y procesos que aprueben los partidos, en los tiempos que establece la ley para los procesos internos de selección de candidaturas, no podrían ser ya modificado, porque equivaldría a modificar leyes fundamentales, en términos del art. 105 constitucional.
La diputada, encargada de argumentar el posicionamiento, expuso que “La participación política de las mujeres es el ejercicio de un derecho humano, su aplicación no debe ser discrecional ni permitir regateos; si lo que se busca es inhibir la intervención del Poder Judicial en la interpretación de las normas jurídicas, debemos subsanar los vacíos legales, esa es responsabilidad del Poder Legislativo; nunca será la ruta correcta, la que tenga como resultado el menoscabo de los derechos de la ciudadanía”.
