Hace poco, el ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión una iniciativa en la que se reforman varias leyes, empezando con la Minera, Aguas Nacionales, General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente al igual que la de Residuos Sólidos.
De entrada, me parece una iniciativa interesante con un carácter integral y holístico ya que conjunta la explotación minera con el medio ambiente y los recursos hídricos del país nada mal, por cierto.
Es decir, lo hace no de manera aislada sino vinculando varias partes de la ecuación, pero como todo hay que analizarla y sopesarla con lupa si es posible.
Sabemos de la importancia del sector minero en México al representar entre el 4 y 5% del PIB y en entidades como la nuestra entre el 11% y hasta el 15% o más en los años buenos en que se conjunta producción con precios al alza.
Más aun ahora que se sabe que el litio, grafito, cobre, níquel, oro y plata entre varios que se producen en Sonora son de gran relevancia en el plano internacional con la fabricación de paneles solares, turbinas eólicas, conductores, baterías, autos eléctricos, celulares y cuanta cosa se nos ocurra.
Sin duda hay que reiterarlo, materias primas e insumos estratégicos tanto para el desarrollo de economías emergentes como para la industria de la defensa en el caso de los conductores en los EEUU y la disputa con China con el ya famoso Nearshoring de por medio.
Por otro lado, no omito señalar la relevancia de los derechos mineros para las finanzas nacionales que han venido cobrando relevancia en materia de ISR al pasar de casi 15 mil en 2015 a 64 mil millones de pesos el 2021.
No se diga, en cuanto empleo bien pagado, proveeduría, divisas, el papel del sector minero es estratégico para tirios y troyanos. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas ya que goza de detractores.
Muchos de ellos sostienen que es poca la participación en las finanzas públicas al representar cuando mucho el 3% del ISR, la misma evasión y elusión fiscal o bien que salen tablas con el creciente regreso del IVA.
En esta misma línea hay muchos que aseguran que no debe ya ser considerada de utilidad pública y es hora de ver y medir sus implicaciones en cuanto a la eliminación de beneficios y el aumento de obligaciones para nacionales y extranjeros.
De nueva cuenta hay que profundizar en estos claroscuros del sector sea por el daño que causa en varias regiones del país en términos de suelo, medio ambiente y recursos hídricos y no se diga residuos sólidos.
Además, hay que ponderar los líos en cuanto a la tenencia de la tierra tanto de ejidos y comunidades como de propiedad privada entre dueños y concesionarios.
Habrá pues que ver que tanto busca esta iniciativa destazar este renglón productivo que pone en riesgo la futura inversión nacional y extranjera sobre todo de Canadá y EEUU que juntos representan la mitad del pastel.
Hay pues que hacer un FODA y empezar a revisar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas ya que es un tutifruti o hueso duro de roer en lo que se refiere a la disminución en años de las concesiones, no se diga la bronca entre concesionario y propietario por el tema de la expropiación.
Otro asunto toral de la ley lo es la disponibilidad de los recursos hídricos y los residuos sólidos en los proyectos como condicionante para autorizar permisos, etc.
Mucha tarea pendiente hay que estar atentos
He dixi
