La intervención del narcotráfico en los procesos electorales de México es una realidad desde hace tiempo, pero se ha radicalizado en los años de la actual administración federal. La evidencia se multiplica cada vez que ocurren elecciones en los estados y municipios.
Para el diputado priista Rubén Moreira Valdez, quien fue gobernador de Coahuila entre 2011-2017, la mayor amenaza a la democracia en México es la acción del crimen organizado en las elecciones.
Los criminales imponen y eliminan a candidatos e influyen de manera decisiva en el resultado el día de la jornada electoral.
En diciembre de 2022, el también coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley “en materia de protección de la democracia mexicana” con el propósito contribuir a contrarrestar la influencia del crimen organizado en los procesos electorales.
En la exposición de motivos, Moreira Valdez ofrece un diagnóstico sobre la intervención del narcotráfico en los procesos electorales, para después hacer una propuesta. Al respecto, él y yo hemos escrito Jaque mate al crimen organizado. Coahuila: una estrategia multidimensional para la paz (Planeta, 2022).
Sigue el texto de la iniciativa: “las estructuras criminales de nuestro país son consideradas entre las más sofisticadas del mundo; los cárteles de la droga controlan gran parte del territorio nacional. Además, se cuenta con un mercado de armas consolidado que sirve de conducto para el tráfico desde Estados Unidos hasta América Central. Todo ello, ha tenido un impacto sumamente grave en la gobernabilidad del país”.
El diputado Moreira afirma que “las organizaciones criminales cada vez inciden más en el sistema democrático y político del país; incluso, algunos analistas han comenzado a advertir, nos encontramos ante un ‘narcoestado’; hoy por hoy […] el narcotráfico influye en importantes cargos políticos, funcionarios e instituciones o en donde los dirigentes del narcotráfico portan cargos gubernamentales”.[1]
Existe evidencia que muestra que el crimen organizado en México busca controlar a gobiernos locales; así como de que, para lograr ese fin, interviene en los procesos electorales. De acuerdo con los especialistas de Integralia, el problema está́ compuesto por varios sucesos emergentes, entre ellos tres:
Ilustración Víctor Solís
1.- Un incremento del uso de recursos ilícitos y violentos en procesos electorales;
2.- Una abundante evidencia de nuevas modalidades de violencia política estatal, no limitada a la intimidación, coacción o represión en contra de los ciudadanos, sino que presenta otras formas complejas del uso de recursos públicos, de corrupción y algunas formas de coerción del voto; y
3.- La documentación, por parte de autoridades y expertos, sobre intervenciones de algunas organizaciones criminales en los comicios, en la formación de gobierno o en la cooptación de las elites en el gobierno”.
Desde el inicio del siglo XXI han sido asesinados en todo el país 1271 políticos, incluyendo a 144 aspirantes, precandidatos y candidatos.
De estos, 81 % competía por cargos municipales (alcaldías, regidurías y sindicaturas); 14 % participaba por diputaciones federales y gubernaturas; y 6 % restante aspiraba a diputaciones federales.
Moreira Valdez afirma que “cada vez es más visible cómo diversos grupos de la delincuencia organizada inciden en los procesos electorales, amplían sus formas de acción, secuestran e inmovilizan a equipos completos de campaña; se apoderan de casillas electorales y obligan a los ciudadanos a emitir su voto públicamente o por consigna”.
Y añade que “a este contexto se suma un periodo en el que la violencia criminal se ha extendido prácticamente a todo el territorio y ha producido una crisis de seguridad generalizada, en donde, cada vez resulta más alarmante y compleja la situación de la intervención del crimen organizado en el proceso”.
Ante este alarmante escenario, el ahora coordinador del Comité de Administración de la Cámara de Diputados plantea una propuesta de ley que implica una reforma constitucional para contener la intervención del crimen organizado en los procesos electorales “a través de diversos mecanismos jurídicos que conforman un sistema integral de vigilancia”.
Su propuesta implica “la creación de dos figuras adscritas al Instituto Nacional Electoral (INE), con la misión de proteger los procesos electorales en todas sus etapas, ante todo acto que atente contra el voto libre, razonado e informado del pueblo, pero sobre todo, de la injerencia del crimen organizado y/o asociaciones delictivas, muy en particular, ante la intervención del narcotráfico”.
La primera figura es el Comisionado Electoral, que tiene el objetivo de “garantizar el libre desarrollo de los procesos electorales, prevenir, investigar y combatir todo acto que atente contra el voto libre, razonado e informado del pueblo, la injerencia del crimen organizado y/o asociaciones delictivas, así́ como la existencia de financiamiento o agentes económicos de procedencia ilícita, y en general, todas las acciones, restricciones e impedimentos que atenten contra el correcto desarrollo de los procesos electorales”.
Sus funciones, entre otras, son: “acceder a la información, documentos, registros físicos y electrónicos en poder de los partidos políticos, agrupaciones políticas, instituciones públicas y privadas, solo en lo relativo a los procesos electorales; y participará en la emisión de estudios para la prevención en la integración e instalación de Mesas Directivas de casilla en lugares donde existan condiciones que supongan la injerencia del crimen organizado y/o asociaciones delictivas”.
El comisionado puede solicitar al Consejo General del INE y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), la perdida de registro de partidos políticos y agrupaciones Políticas y tiene la facultad de emitir la figura de la suspensión del proceso electoral cuando se acredite la injerencia del crimen organizado y/o asociaciones delictivas en los procesos electorales; así como por motivo del homicidio de una candidata o candidato en manos del crimen organizado.
La segunda figura es el Observatorio Electoral, un órgano del INE con autonomía técnica y operativa que buscará desarrollar, implementar y administrar un sistema de investigación que informe de manera objetiva, técnica y oportuna, aquellos riesgos y amenazas que potencialmente puedan afectar los procesos electorales, actuando de oficio o a petición de parte.
Para esto elabora un Sistema de Información que, de manera objetiva y técnica, identifique aquellos riesgos y amenazas que, por filtración del crimen organizado puedan afectar los procesos electorales. Integra informes que presenten los partidos políticos y agrupaciones políticas respecto de investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de indicios de injerencia del crimen organizado o asociaciones delictivas en procesos electorales.
Estas instancias elaborarán mapas de riesgos electorales en los que identificará las zonas de alta injerencia del crimen organizado o asociaciones delictivas que ponen en riesgo el desarrollo de los procesos electorales. Antes del inicio del proceso electoral, el Observatorio emitirá un semáforo de conducta y patrones de indicios de injerencia del crimen organizado o asociaciones delictivas en entidades federativas y municipios.
Así mismo, el Observatorio elaborará y hará público un Diagnóstico de Inteligencia donde identificará las actividades del crimen organizado o asociaciones delictivas y el despliegue de recursos ilícitos que busquen intervenir en los procesos electorales. Realizará, también, un monitoreo permanente de zonas de alto riesgo, para la integridad de candidatas y candidatos de los procesos electorales.
Moreira, quien representa al PRI en la mesa de negociación y acuerdo de la coalición Va por México, mantiene que la creación de estas dos figuras electorales fortalecería el correcto desarrollo de los procesos electorales que hoy están amenazados por la acción del crimen organizado. La propuesta de ley ya ha sido presentada y está siendo analizada por las comisiones correspondientes.
Esta iniciativa constitucional se complementa con otra de carácter secundario que contempla dispositivos de aplicación directa e inmediata. Se propone suspender elecciones ante la muerte de candidatos; disolver ayuntamientos vinculados al narcotráfico; aumentar las penas en delitos cometidos contra candidatos o electores y declarar estos ilícitos imprescriptibles.
Véase: Molina Olmedo, J. Las dimensiones del narcotráfico en México. Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.
