Germán Guillén, integrante y presidente del capítulo Sonora de la Barra Mexicana Colegio de Abogados dio a conocer su posicionamiento sobre el tema de la Prisión Preventiva Oficiosa, PPO.
Entrevistado en Sergio Valle Informa, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ha tenido frente a sí la gran oportunidad de votar a favor de la protección de los derechos de los ciudadanos y no a favor de quien detenta el poder público de la nación.
Recordó que el lunes por la mañana la SCJN, tuvo la posibilidad de privilegiar las pretensiones del Estado o de garantizar la calidad de derechos otorgados por la Constitución para los ciudadanos nacidos en México, como la presunción de inocencia y la igualdad entre partes en un procedimiento penal.
Guillén recordó que la PPO ha sido explotada por el Estado Mexicano para privar de la libertad a mujeres y hombres que se encuentran ante un procedimiento penal sin haber sido sentenciados.
Las autoridades, dijo, han justificado esta atribución a la gravedad del delito que se está investigando; esto es un abuso histórico que trae como consecuencia que el sistema de justicia penal mexicano “se ha convertido en una trituradora de pobres”.
El abogado señaló que solo basta revisar el nivel socioeconómico de la mayoría de los internos para darte cuenta de que el sistema de justicia penal en nuestro país es muy selectivo; “lenta para el rico y poderoso, rápida para el pobre; la justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos”.
Agregó que los ricos e influyentes políticamente libran la prisión preventiva oficiosa cuando se les llega a imponer. Termina la administración y salen libres sin sentencias condenatorias.
El presidente del capítulo Sonora de la Barra Mexicana Colegio de Abogados aseguró que en su condición de ciudadano formado en materia jurídico-penal, su responsabilidad es darle visibilidad al peligro que representa la figura de la Prisión Preventiva Oficiosa, pues la carta magna otorga la presunción de inocencia y la PPO tendría que ser una excepción y no una regla de trato procesal mientras se resuelve la responsabilidad penal del ciudadano en proceso.
Advirtió que el Estado mexicano está obligado a no restringir la libertad del detenido más que para asegurar que no se fugue de la justicia; el abogado recomienda que nos apeguemos a una interpretación de acuerdos internacionales que garanticen dos cosas: debido proceso y presunción de inocencia.
La prisión preventiva es una medida cautelar, explicó; si bien, hay casos excepcionales: cuando las autoridades acrediten con elementos mínimos -no con indicios sueltos como ha pasado en otras ocasiones-, evidentemente es una medida cautelar del paquete de medidas cautelares que existen.
Expuso que el juez impone de manera oficiosa la PPO para delitos de alto impacto. Lo que ha sucedido es que el Estado manda una mala señal de eficiencia en la persecución porque al final son personas que terminan siendo absueltas
Enfatizó que la prisión preventiva oficiosa ha servido para fabricar culpables, estigmatizar a ciudadanos que resultan inocentes y para ocultar las graves deficiencias que siempre ha tenido el sistema de justicia penal mexicano.
